Y Grau, dijo: “No hay corrupción en Valencia”

Con esta afirmación tan rotunda, y en su mal tono habitual, se despachó el vicealcalde, Alfonso Grau, en el pleno del 26 de septiembre de 2014 en el ayuntamiento de Valencia.

La respuesta es clara y rápida. Entonces que son los casos Nóos, EMARSA, …

Como ante la petición de responsabilidades políticas por los casos de corrupción el PP se negó a asumirlas; el Grupo Socialista nos tuvimos que personar en el juicio sobre la trama del caso Nóos en Valencia. La últimas noticias parece ser que indican que Grau si tenía algo que decir en este tema.

Pero independientemente del proceso judicial, lo que tienen que hacer, tanto Rita Barberá como Alfonso Grau, es asumir su responsabilidad política.

La amenaza como instrumento

Pese al intento de la alcaldesa de Valencia por amedrentarme con acciones legales o penales al pedirle responsabilidades políticas en el caso EMARSA, seguiré exigiéndole que asuma su responsabilidad. Sus amenazas e intentos de callarme mediante la política del miedo no me afectan. Y si ella no defiende a los valencianos y valencianas que han sido saqueados, como ha demostrado, lo haremos los socialistas desde la oposición.

No nos engañemos, la política del miedo siempre ha estado ahí y ha sido el arma predilecta de la derecha. Consiste en intentar hacer callar a las voces discrepantes, a la gente que no piensa igual que ellos, a los que reclaman alternativas o a quienes directamente no aceptan ser sumisos de la injusticia social. La futura ley mordaza es el ejemplo perfecto para explicar en que consiste la política del miedo.

En Valencia plantearon implantar la prohibición de poder manifestarse en algunas plazas tras el impacto de los actos de las víctimas del metro. Por cierto, ningún dirigente del PP se ha dejado ver por tal humilde y justa causa. Si es cierto que, la alcaldesa Rita Barberá y el presidente Alberto Fabra, estuvieron de fiesta en un acto de su partido el mismo día que cumplió 8 años el trágico accidente, creo que hay poco que añadir.

Pero en Valencia, como en el resto de España, se olvidan de que su política del miedo cada vez tiene menos efecto, pues cada vez hay más gente que ya no tiene miedo a nada, pues poco o nada pueden perder ya. Casi 100.000 parados en Valencia han sufrido la pasividad del gobierno de Rita Barberá, la falta de oportunidades, los recortes, el endeudamiento y la subida de impuestos. Mientras, sus palabras se dirigen a la supervivencia política y a seguir en la senda del despilfarro. Nada nuevo.

Ante esta situación de presión y abandono de las prioridades de la ciudadanía, parece comprensible que plante cara ante la barbaridad que supone que los valencianos y valencianas paguen el saqueo de la depuradora de Pinedo de sus bolsillos. Creo, además, que parece razonable exigir responsabilidades políticas ante tal caso de corrupción o cualquier otro. No es cuestión de colores políticos, simplemente es lo mínimo que debería hacer cualquier cargo público que realmente se preocupe por su gente.